El Dr. Michael Seeger, presidente de la Sociedad de Biología de Chile, quien recientemente estuvo de visita en la Universidad de Magallanes, subraya que para proteger la riqueza microbiana, primero hay que conocerla: “uno solo protege lo que conoce y, por lo tanto, lo primero es explorar, después estudiar, caracterizar y preservar”.
Más allá de los titulares sobre biorremediación, la reciente charla del Dr. Michael Seeger Pfeiffer, presidente de la Sociedad de Biología de Chile, en la Universidad de Magallanes (UMAG), sirvió como un profundo llamado a la reflexión sobre dos pilares fundamentales para el futuro de Chile: su valioso patrimonio microbiano y la urgente necesidad de una ética científica robusta en su exploración y aprovechamiento.
El Dr. Seeger, bioquímico de vasta trayectoria y Director del Laboratorio de Microbiología Molecular y Biotecnología Ambiental de la UTFSM, destacó la geografía chilena como un “paraíso para estudiar organismos de ambientes extremos”, dada su diversidad de ecosistemas bajo estrés, desde alta radiación ultravioleta hasta bajas temperaturas y salinidad. Sin embargo, esta riqueza también presenta desafíos éticos y de conservación.
Patrimonio microbiano: una riqueza por conocer, proteger y preservar
La exposición del Dr. Seeger subrayó que la biodiversidad chilena, especialmente a nivel microbiano, es un recurso estratégico incalculable. “Toda esa riqueza microbiana para poder protegerla hay que estudiarla, o sea, uno sólo protege lo que conoce y, por lo tanto, lo primero es explorar, después estudiar, caracterizar y preservar”. A su juicio, esta secuencia de acciones es fundamental para comprender y salvaguardar los microorganismos que habitan nuestros suelos, aguas y plantas, y que tienen un potencial inmenso para aplicaciones biotecnológicas en agricultura, salud y saneamiento ambiental.
Sin embargo, el Dr. Seeger alertó sobre la fragilidad de este patrimonio. A diferencia de países como Alemania, que posee una vasta y financiada colección de microorganismos con cientos de investigadores y sistemas robóticos para su preservación, nuestro país carece de una infraestructura similar a gran escala. “Chile tiene una colección de microorganismos importante en el INIA de Chillán, pero debería tener más colecciones establecidas y con financiamiento estable. En muchos laboratorios hay una cantidad muy grande de bacterias, ¿cierto? Y, a veces, se nos echan a perder los refrigeradores… se mueren cepas, se pierden. Entonces, es un riesgo que solamente estén en colecciones de un laboratorio en particular, pues deberían estar en laboratorios centrales y cuidadas, digamos, por la comunidad”.
La preservación de estas colecciones no es un mero capricho científico; es una inversión estratégica. Es la base para una bioeconomía circular que reduzca la dependencia de los recursos petroleros y fomente un desarrollo más sustentable. Países asiáticos como China, India y Japón también han comprendido esta estrategia, invirtiendo en sus propias colecciones, a diferencia de la mayoría de América Latina.
Ética científica: compartir beneficios y respetar soberanías
La discusión sobre el patrimonio microbiano se entrelaza, ineludiblemente, con la ética científica, especialmente, en un país con una biodiversidad tan atractiva como la chilena. El Dr. Seeger recordó un caso paradigmático: la rapamicina, un antibiótico descubierto en bacterias de Rapa Nui (Isla de Pascua) en los años 60 por investigadores canadienses. Este compuesto se usa hoy como inmunosupresor en la industria farmacéutica. Incluso, se le atribuyen propiedades para prolongar la vida, generando inmensos beneficios económicos. “Rapa Nui nunca recibió ningún beneficio por eso”, lamentó el Dr. Seeger.
Este ejemplo ilustra la imperiosa necesidad de que Chile ratifique el Protocolo de Nagoya. Este acuerdo internacional establece que “si alguien hace uso de los recursos de ese otro país, tiene que compartir los beneficios”. Actualmente, Chile es uno de los pocos países que no ha firmado este protocolo, lo que permite que investigadores extranjeros “tomen microorganismos de diferentes partes, y después estudien eso en sus laboratorios, asociados con industrias que pueden explotarlo comercialmente”, sin que el país o sus comunidades reciban retribución alguna.
El Dr. Seeger enfatizó que la responsabilidad no recae únicamente en los investigadores extranjeros. Chile, como país soberano, debe tomar sus propias decisiones y proteger sus recursos. La ratificación del Protocolo de Nagoya, que depende del Congreso y el impulso del Gobierno, es una medida crucial para evitar la explotación, y asegurar que los beneficios de la investigación se compartan con las comunidades locales. No se trata de “encerrar todo en el laboratorio”, sino de establecer colaboraciones internacionales justas, donde la tecnología y el conocimiento se compartan.
Además, el Dr. Seeger destacó la importancia de una ciencia respetuosa y éticamente responsable. La Sociedad de Biología de Chile, que ahora preside, busca precisamente eso: “una ciencia con la sociedad y para la sociedad”. Esto implica no sólo dialogar y difundir el conocimiento, sino también recoger los “saberes de las comunidades locales”, como la medicina mapuche, que a menudo utiliza plantas con principios activos aún no completamente comprendidos por la ciencia occidental. La colaboración con las comunidades en la exploración y el estudio es fundamental.
Un ejemplo concreto de la aplicación de esta ética es el trabajo de científicos como la Dra. Cristina Dorador, quien ha participado en procesos judiciales defendiendo ecosistemas. A través de estudios microbianos, ella ha demostrado que la extracción de agua por empresas mineras puede destruir irreversiblemente ecosistemas, desmintiendo la promesa de una recuperación “igual” a lo que había antes.
El Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización del Convenio sobre la Diversidad Biológica, también conocido como el Protocolo de Nagoya sobre el acceso y la distribución de los beneficios (ABS) es un acuerdo complementario de 2010 al Convenio de 1992 sobre Diversidad Biológica (CDB). Fue adoptado el 29 de octubre de 2010 en la ciudad japonesa de Nagoya y entró en vigor el 12 de octubre de 2014. En octubre de 2020 fue ratificado por 128 partes, que incluyen 127 Estados miembros de la ONU y la Unión Europea.
