Investigadores marinos de la Universidad de Magallanes valoran la próxima entrada en vigor del Tratado de Alta Mar como un hito histórico en la gobernanza oceánica, pero advierten que su efectividad dependerá de la voluntad política, la implementación concreta y el compromiso ético de los Estados para transformar acuerdos en acciones reales de conservación.
Tras alcanzar las 61 ratificaciones necesarias, la entrada en vigor prevista para enero de 2026, del Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), marca un hito en la gobernanza oceánica global. El tratado, adoptado en junio de 2023 tras casi dos décadas de negociaciones, busca establecer un marco multilateral vinculante para conservar y usar de manera sostenible la biodiversidad en aguas internacionales, las cuales representan dos tercios de los océanos del planeta.
El tratado consagra principios como el enfoque precautorio, el enfoque ecosistémico, la equidad en la distribución de beneficios, y la necesidad de usar el mejor conocimiento científico disponible. En este contexto, Magallanes aparece como una región bisagra entre los océanos globales y los ecosistemas australes, un territorio cuya ciencia puede contribuir al monitoreo, la investigación y la implementación del acuerdo.
Más allá del logro diplomático, este avance abre interrogantes acerca de su implementación práctica, y sobre cómo países y regiones con ecosistemas singulares —como Magallanes y la Antártica— se verán impactados. Para dimensionar su alcance, tres investigadores marinos de la Universidad de Magallanes (UMAG) reflexionan sobre lo que significa este acuerdo desde la perspectiva austral.
“Su éxito dependerá de la voluntad y gestión política”
El investigador Cristian Aldea Venegas, subraya el carácter sin precedentes del acuerdo. “El Acuerdo BBNJ entrega por primera vez reglas globales para proteger la biodiversidad en alta mar. Para Magallanes, significa una oportunidad de proyectar y complementar el resguardo de sus ecosistemas únicos en un marco de conservación internacional. No obstante, su éxito dependerá de la voluntad y gestión política, financiamiento y cumplimiento efectivo”, afirmó.
Según el Dr. Aldea, la utilidad del tratado se traduce en mecanismos concretos, como establecer áreas marinas protegidas; regular el uso equitativo de recursos genéticos marinos, y exigir evaluaciones de impacto ambiental. Aunque las aguas de Magallanes se encuentran bajo jurisdicción chilena, su relevancia radica en tres aspectos:
- la conexión con lo global —especies que habitan fiordos y canales se proyectan hacia mar abierto—,
- el fortalecimiento de la administración sostenible, que presionan a los Estados a ser más estrictos con los estándares globales de conservación, incluso en aguas nacionales, y
- la oportunidad de posicionar a la región como laboratorio natural cercano a la Antártica de referencia en investigación y monitoreo.
Aldea insiste en que el desafío será evitar que el tratado quede en un plano meramente declarativo. “Sin voluntad política y financiamiento, corre el riesgo de ser un instrumento nominativo sin valor práctico”, aclaró.
“Se cruzan criterios normativos, científicos y sociales”
El investigador Jorge Gibbons Escobar, coincide con la idea de un sistema común y compartido de generación de conocimiento, y de manejo integrado en función de los riesgos identificados. Sin embargo, agrega que el tratado plantea preguntas más amplias sobre la efectividad de los convenios internacionales.
“Es una idea muy interesante, porque introduce diferentes criterios que se mueven en diferentes escalas. De alguna manera, se alinea con esta región. Las normas vigentes constituyen aquí un plano de fractura; todo el sistema de fiordos y canales es, prácticamente, un área de manejo. (…) ¿Qué define que un tratado sea histórico? Que funcione, creo. ¿Es posible predecir eso?”, cuestionó.
Gibbons recordó que en Magallanes se creó el primer parque marino y costero del país (Francisco Coloane), pero su plan de manejo se implementó recién veinte años después. Esa distancia entre declaración y acción, advierte, podría repetirse si no se generan responsabilidades vinculantes en torno al BBNJ.
Su reflexión conecta con debates anteriores en Chile, como lo ocurrido en el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter en Valdivia, tras el colapso de la población de cisnes de cuello negro en 2004. Un artículo científico citado por Gibbons, “Exploring Social-Ecological Complexities of Wetlands of International Importance” (Marín, Delgado, Tironi et.al., 2018), muestra cómo ciencia, sociedad y sistema judicial respondieron en distintas temporalidades a una misma crisis ambiental: mientras la ciencia acumulaba hipótesis en años de investigación, la ciudadanía identificó rápidamente a la empresa responsable, y la justicia tardó meses en resolver.
“El verdadero valor estará en transformar las palabras en acciones”
La investigadora Claudia Andrade Díaz coincide en señalar el carácter histórico del BBNJ, pero pone el acento en los desafíos concretos de proteger un espacio que no reconoce fronteras. “La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar constituye un hito histórico en la gobernanza oceánica. (…) Pero, más allá de la dimensión diplomática, lo que está en juego es algo mucho más profundo: la relación vital entre el océano, la biodiversidad y el destino de la humanidad”, comentó.
La Dra. Andrade advierte sobre las amenazas a la alta mar: pesca industrial no regulada, transporte marítimo, contaminación plástica y acidificación. Ante ello, el tratado ofrece herramientas como áreas marinas protegidas, evaluaciones de impacto y la transferencia de tecnología hacia países en desarrollo. Sin embargo, plantea un desafío clave. “La biodiversidad marina no puede fragmentarse en límites administrativos. (…) Lo que sucede en aguas internacionales repercute, directamente, en nuestras costas y fiordos, canales y viceversa”.
Para ella, la posición geográfica de Magallanes es estratégica para funcionar como modelo. “Desde Chile y, en particular, desde la Patagonia, tenemos la posibilidad de liderar con el ejemplo, demostrando que proteger el océano no es sólo un compromiso diplomático, sino una responsabilidad ética con las comunidades costeras, con la biodiversidad y con las generaciones futuras”.
