En la Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas (ICHA 2025) que se realiza actualmente en Punta Arenas, el académico de la Universidad de Chile Benjamín Suárez Isla, revisó los hitos de un sistema de vigilancia científica único en el hemisferio sur. Con más de treinta años de trabajo ininterrumpido, Chile ha logrado construir una red de colaboración que combina conocimiento local, investigación aplicada y control sanitario.
Chile se encuentra en una encrucijada crítica mientras conmemora más de 30 años de esfuerzos científicos y de gestión para combatir las Floraciones Algales Nocivas (FAN), popularmente conocidas como Marea Roja. Este fenómeno, que representa un problema global con aparente aumento en frecuencia, intensidad y distribución geográfica, ha forzado al país a construir un sistema de monitoreo robusto, esencial para proteger tanto la salud pública como una economía dependiente de la pesca y la acuicultura.
Para abordar la escala planetaria del fenómeno, más de 300 personas de diferentes países ligadas a las ciencias marinas se reunieron en Punta Arenas, Región de Magallanes y Antártica Chilena, para dar vida a la Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas (ICHA 2025). La actividad es organizada por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y un Comité Nacional compuesto por investigadores de diversas instituciones del país, incluyendo la Universidad de Magallanes (UMAG).
Uno de los oradores principales fue el bioquímico Dr. Benjamín Suárez Isla, académico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, y pionero en el estudio de las toxinas marinas. En su ponencia “Expansión espaciotemporal de las floraciones algales nocivas y biotoxinas marinas en Chile: 30 años de una respuesta nacional basada en ciencia, alerta temprana y gestión”, el investigador hizo un recorrido por las raíces históricas y los logros del sistema chileno de monitoreo de marea roja.
Raíces históricas y respuestas tempranas
“La ciencia que precede a los progresos hechos en Chile, que es bastante modélica, se remonta a cien años”, explicó Suárez Isla. “Entre 1927 y 1932, en Alaska y Estados Unidos, ya se había definido que las intoxicaciones por veneno paralizante provenían de un problema marino: células de fitoplancton que podían ser las causantes”. Aquel conocimiento temprano, agregó, ya recomendaba educar a las comunidades, y aplicar vedas cautelares para evitar intoxicaciones.
En Chile, las primeras muertes registradas por veneno paralizante de moluscos ocurrieron entre 1972 y 1973 en Magallanes. “Fueron estudiadas por el doctor Leonardo Guzmán y por Ítalo Campodónico, cuya monografía es excepcional porque describe claramente lo que hay que hacer en el país, y eso es lo que se ha hecho todos estos años”, explicó. A su juicio, la base de la respuesta chilena fue seguir la lógica que los científicos de los años treinta habían establecido: vigilancia constante, educación y fortalecimiento de los laboratorios de salud.
Con el retorno de la democracia, el país consolidó esa visión. En 1994, Suárez Isla dirigió un proyecto Fondef (Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile) titulado “Tecnologías rápidas para la detección de toxinas marinas de la marea roja”, en colaboración con el IFOP, la UMAG y la Universidad Austral. “Gracias a ese trabajo de cuatro años, se desarrollaron métodos analíticos que siguen siendo referencia”, recordó. En 2002, el equipo organizó un simposio en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, apoyado por la Organización Internacional de Energía Atómica, que resultó clave para crear un programa nacional de investigación aplicada que se extendió durante doce años.
Actualmente, Chile cuenta con un sistema de monitoreo estructurado, con laboratorios reconocidos por el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) y el Ministerio de Salud. El sistema de monitoreo implementado, en colaboración con instituciones como el IFOP y universidades (Universidad de Chile y Universidad Austral), garantiza la inocuidad de los productos marinos para exportación y consumo nacional. “Nuestro laboratorio realiza 5.000 análisis anuales de moluscos vivos para control de inocuidad. En total llevamos 66.000 análisis oficiales desde 1999, todos válidos para la toma de decisiones”, detalló.
Estructura de monitoreo
El investigador afirma que la fortaleza del sistema radica en su estructura colaborativa. “Hay tres patas: la entidad acreditadora, la autoridad sanitaria y los laboratorios con equipos apropiados y personal entrenado. Así se garantiza que los datos sean confiables”.
A su juicio, el convenio entre el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) y el Ministerio de Salud fue un punto de inflexión. “Ese acuerdo, firmado por dos mujeres —Cristina Fernández y Ruth Alarcón—, permitió que los resultados de nuestros análisis fueran usados por la autoridad sanitaria con fuerza legal. De ahí surgen los decretos que cierran o reabren zonas, decisiones que tienen consecuencias económicas y sociales enormes”.
Para Suárez Isla, el sistema chileno se sostiene sobre un principio simple: la confianza. “Esto tiene que ver con salud pública, economía y sociedad”, enfatizó. “Hemos aprendido a trabajar con generosidad, con la gente local que sabe manejar este problema, y con colaboración internacional. Sin eso, nada de esto habría sido posible”.
Expansión geográfica e impacto en salud
A pesar de los avances, la detección de eventos FAN está estrechamente ligada a las zonas con alta producción acuícola (Los Lagos, Aysén y Magallanes) y, por lo tanto, podría estar subestimado en fiordos y canales menos monitoreados, así como en las regiones del norte (Atacama y Coquimbo). Además, existe una aparente expansión de las FAN de sur a norte, con dos episodios (2002 y 2016) en el Archipiélago de Chiloé. Estos eventos dejaron numerosos intoxicados, tres fallecidos y una masiva mortandad de fauna marina.
Al mismo tiempo, la acuicultura chilena -segunda mayor producción mundial de salmónidos y de mejillones- es altamente vulnerable a las FAN. Las pérdidas económicas por estos eventos han sido catastróficas. Por ejemplo, el brote de Pseudochattonella cf. verruculosa en 2016 afectó al 18–20% de la producción chilena de salmón, con pérdidas estimadas en USD 800 millones. En 1988, la “marea café”, causada por la rafidofícea Heterosigma akashiwo, mató cerca de 2,000 toneladas de peces, con pérdidas de USD 11 millones.
Perspectivas futuras
El desafío más inmediato es la transición del bioensayo en ratón a métodos químicos avanzados, un cambio impulsado por las normas éticas y las exigencias de los mercados internacionales. “Europa decidió que había que abandonar el bioensayo por razones éticas, y yo estoy de acuerdo hace treinta años”, comentó. “Estamos en la transición, con un plan aprobado por la Food and Veterinary Office europea que debe completarse en 2026. Son los mercados internacionales los que definen las técnicas, porque si no se implementan, simplemente no se acepta el resultado, y no se puede exportar”.
Además, el país enfrenta el reto de nuevas toxinas emergentes, como las espirolidas (SPX), las gimnodiminas (GYMs) y las pinnatoxinas (PnTXs), y la aparición de nuevos taxones que requieren ser incluidos en los programas de monitoreo. Los efectos del cambio climático, que alteran la precipitación, el régimen de vientos y el flujo de agua dulce, podrían favorecer una mayor proporción de floraciones nocivas en el sistema estuarino chileno. Para evaluar esta hipótesis, es fundamental trabajar en series temporales a largo plazo , a fin de predecir cambios en la frecuencia e intensidad de los eventos futuros.
A pesar de estos nuevos retos, el investigador es optimista. “Hoy el sistema funciona”, concluyó. “Hemos construido una estructura sólida, basada en ciencia, cooperación y confianza. Y eso, literalmente, nos ha salvado la vida”.
