Recientemente, la revista Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional publicó un artículo de tres académicos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Magallanes. El relato expone cómo el capacitismo y el aislamiento geográfico de la región de Magallanes, restringen la autonomía de las mujeres con discapacidad en los sistemas de justicia y de salud.
El ejercicio de la parentalidad para mujeres con discapacidad en la Región de Magallanes, revela una compleja intersección de adversidades: la discriminación estructural o capacitismo, y las barreras impuestas por un territorio marcado por el aislamiento geográfico y las condiciones climáticas extremas.
Un reciente relato de experiencia, basado en la sistematización de dos casos apoyados por la ONG REPRODIS, fue publicado en la revista científica Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional por las investigadoras de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad de Magallanes (UMAG), Melissa Hichins y Daniela Mandiola, y del profesor adjunto y estudiante de Magíster en Psicobiología del Desarrollo Humano de la misma UMAG, Juan Pablo Obilinovic. En él se expone cómo la falta de accesibilidad en los sistemas de justicia y salud, sumada a las dificultades propias del contexto austral, limitan gravemente los derechos de estas madres.

La zona austral presenta desafíos logísticos que impactan directamente en el acceso a servicios esenciales, justicia y redes de apoyo. Las vastas distancias entre ciudades complican la obtención de atención médica regular y el acceso a especialistas en discapacidad, un recurso de por sí escaso en la región. Esta baja disponibilidad de especialistas tiene repercusiones directas en los procesos judiciales, donde las evaluaciones de idoneidad parental y las decisiones de custodia no siempre toman en cuenta estas barreras territoriales, lo que, en esencia, refuerza la exclusión estructural y la vulnerabilidad de las mujeres.
Históricamente, la parentalidad en mujeres con discapacidad ha permanecido invisibilizada en la investigación académica y en las políticas públicas chilenas. Este vacío se inserta en un contexto donde las barreras estructurales perpetúan la exclusión social, y donde el capacitismo -discriminación contra las personas con discapacidad- y los prejuicios profesionales, merman la autonomía de las madres. Las instituciones, ya sean tribunales o centros de salud, actúan basándose en sesgos discriminatorios, asumiendo inmediatamente que la discapacidad de estas madres podría violar o dañar la integridad de sus hijos.
Las historias de Koshpy y Koin
Koshpy, una mujer de 34 años con hipoacusia, enfrentó un duro proceso legal tras el quiebre de su relación, cuando su propia madre interpuso una demanda de negligencia parental ante tribunales de justicia. El juez decidió entregar la custodia de su hijo a la abuela, basándose en la argumentación de que Koshpy no tenía las competencias para fomentar el desarrollo adecuado del niño.

La experiencia de Koshpy es un claro ejemplo de la injusticia social y la violencia estructural que operan en los tribunales. El equipo de la ONG REPRODIS identificó que el Tribunal no aplicó los procedimientos con medidas de accesibilidad universal para garantizar un debido proceso. No se proveyó un intérprete permanente de lengua de señas ni se utilizaron instrumentos de evaluación con ajustes razonables, limitando su derecho a la defensa y su participación plena. La exclusión sistemática de estas madres es descrita como un “apartheid ocupacional”, reforzado por el capacitismo estructural.
Koin, residente también de la Región de Magallanes, es una jefa de hogar que vive con una discapacidad intelectual. Tras un embarazo no planificado, los profesionales del sistema de salud cuestionaron de inmediato su capacidad de cuidado. Al nacer su hijo, evaluaron la posibilidad de darlo en adopción. El hospital incluso interpuso un recurso de protección por supuesta vulneración de derechos del niño, sin más respaldo que sus prejuicios. Koin se vio sometida a años de interrogatorios y malos tratos, con constantes sugerencias de institucionalizar a su hijo.
El rol emancipador de la Terapia Ocupacional

Frente a la ausencia de políticas estatales efectivas, organizaciones como REPRODIS, impulsada por terapeutas ocupacionales, se consolidaron en Magallanes como baluartes de apoyo en medio de este apartheid ocupacional. Sus habilidades desempeñan un rol clave en este contexto adverso, ofreciendo intervenciones que promueven la autodeterminación, y fortalecen las habilidades parentales. El Programa de Apoyo a la Parentalidad Inclusiva, diseñado e implementado por profesionales del área con respaldo de la UMAG, busca erradicar barreras, fomentar la autonomía y la capacidad jurídica.
“La intervención profesional, con un enfoque en la autodeterminación y los derechos humanos, incluye adaptaciones en el hogar, la estructuración de rutinas diarias y la conexión con redes de apoyo para mitigar los efectos del aislamiento geográfico y la exclusión institucional”, afirma Mandiola. El trabajo de la ONG fue fundamental para Koin, quien, tras tres años de apoyo intensivo, logró avances significativos en su desempeño ocupacional, y recuperó la tutela legal de su hijo.

Para las investigadoras, las experiencias de Koshpy y Koin resaltan la necesidad urgente de políticas inclusivas que eliminen las barreras y promuevan entornos accesibles. “La persistencia de retos significativos, como las barreras sistémicas e institucionales y la falta de medidas de accesibilidad como ajustes razonables e información adaptada, limitan las oportunidades de estas mujeres para participar plenamente en su rol parental”, agregó Obilinovic.
“Es fundamental que el Estado y sus instituciones reconsideren sus prácticas desde un enfoque feminista situado e interseccional, garantizando que el apoyo comunitario y profesional sea reconocido y remunerado, especialmente en territorios con las dificultades logísticas y de acceso a servicios como Magallanes”, complementó Hichins. “Las madres con discapacidad deben ser vistas y tratadas como capaces de ejercer su maternidad con autonomía y dignidad”.
